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 de Galicia, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia num. 100/2014 de 19 febrero

JUR\2014\66330

SUMARIO

ANTECEDENTES DE HECHO
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
FALLAMOS 
PUBLICACION

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES: Correos: organización: organismo Autónomo «Correos y Telégrafos»: personal: infracciones graves: falta de consideración con los administrados: infracción existente: sanción procedente.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo 246/2012 
Ponente: IIlma. Sra. Mª Dolores Galindo Gil 

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1
 A CORUÑA
 SENTENCIA: 00100/2014 
PONENTE: DOÑA MARIA DOLORES GALINDO GIL
 RECURSO NÚMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 246/2012
RECURRENTE: Eliseo
 DEMANDADA: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS
 EN NOMBRE DE EL REY 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Primera- del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se ha dictado la:
 S E N T E N C I A 
ILMOS/AS. SRS/AS.:
 DON FERNANDO SEOANE PESQUEIRA-PTE.
 DON JULIO CESAR DIAZ CASALES
 DOÑA MARIA DOLORES GALINDO GIL 
A Coruña, diecinueve de febrero de dos mil catorce.
En el recurso contencioso-administrativo Procedimiento ordinario que con el número 246/12 pende resolución de esta Sala, interpuesto por DON Eliseo , representado por el Procurador DON JOSE ANTONIO CASTRO BUGALLO y dirigido por el Letrado DON FABIEN VALERO MOLDES contra RESOLUCION de fecha de abril de 2012 de la SUBDIRECCION DE GESTION DE PERSONAL S.A.E. DE CORREOS; Sobre PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. Es parte demandada LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS , representada y dirigida por el ABOGADO DEL ESTADO.
Siendo Ponente la ILMA. SRA. DOÑA MARIA DOLORES GALINDO GIL .

ANTECEDENTES DE HECHO
 PRIMERO .- Admitido a trámite el presente recurso, se practicaron las diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente se dedujera demanda, lo que realizó a medio de escrito con los Hechos y Fundamentos de Derecho que estimó procedentes y suplicando se revoque la resolución recurrida, y en consecuencia deje sin efecto el expediente disciplinario dirigido contra el actor, o subsidiariamente, de no estimarse la pretensión principal, se anule la sanción impuesta al actor por falta grave consistente en falta de consideración con los administrados, la cual fue sancionada con el cambio de residencia, en base a los fundamentos señalados a lo largo del presente escrito de demanda.
 SEGUNDO .- Conferido traslado de la demanda a la parte demandada, evacuó dicho traslado a medio de escrito, con los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes y suplicando se dicte sentencia desestimando el recurso.
 TERCERO : Declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para dictar sentencia por el turno que corresponda. Siendo la cuantía del recurso la de INDETERMINADA .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO
 .- Don Eliseo impugna la resolución de 18 de abril de 2012 del Subdirector de Gestión de Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. que le declara autor de dos infracciones continuadas de carácter grave consistentes en grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados y grave falta de consideración con los administrados, del artículo 7, letras e) y o), respectivamente, del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero ( RCL 1986, 148 ) , por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
La primera de las indicadas (artículo 7, e) es sancionada con suspensión de funciones de dos meses y, la segunda, con traslado con cambio de residencia, "...en cuanto afecta directamente a los clientes y hace inviable su relación con el empleado..." (Página 11 de la resolución sancionadora). El Sr. Eliseo , al tiempo de acaecer los hechos objeto de sanción, en su condición de funcionario, estaba adscrito a la Sucursal numero 4 de Vigo (Pontevedra).

SEGUNDO
 .- Comienza reprochando la comisión de una serie de irregularidades y errores en la tramitación del expediente disciplinario, que pone a cargo del instructor, con vulneración de su derecho de defensa y del principio de presunción de inocencia y que consisten en la infracción por inaplicación del artículo 37.2 del Real Decreto 33/1986 ( RCL 1986, 148 ) .
En concreto se refiere a la indebida inadmisión por el instructor de la prueba que propuso, consistente en testifical de dos de los usuarios de la sucursal que formularon quejas contra el recurrente y el visionado del video grabación de la Oficina de los días 1 y 2 de diciembre de 2011, desde las 14.30 a las 14.45 horas, esta ultima por referencia a la denuncia que presentó contra la directora de la Oficina, doña Asunción , por agresiones, insultos y amenazas contra su persona que habrían tenido lugar en las fechas indicadas.
Y refiere que, aquella prueba era pertinente al incidir en la línea de defensa que sostuvo, tratando de evidenciar que era víctima de acoso laboral a cargo de su superior jerárquico, viviendo un ambiente laboral hostil que habría provocado una serie de comportamientos por su parte, reflejo de la crispación que padecía.
Asimismo, critica del instructor el incumplimiento del deber de motivar la denegación que impone aquel precepto reglamentario, poniendo en evidencia su falta de imparcialidad, por todo lo cual postula la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada, por vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.
Para dar respuesta a dicha alegación debe recordarse que el artículo 37 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero , dispone en su apartado 1 que "contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor podrá acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así como la de todas aquellas que considere pertinentes", añadiendo el apartado 2 que "el Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denegación, sin que contra esta resolución quepa recurso del inculpado".
En el presente caso, el responsable del Área de Sanciones (Subdirección de Gestión de Personal), dicta acuerdo de incoación de expediente disciplinario, con fecha 04/08/2011, como consecuencia de la solicitud de 18/07/2011 que, en tal sentido, dirige el Director de Zona 1 (Sección de Recursos Humanos, Santiago de Compostela), una vez visto el contenido de los escritos del Jefe de Sector de Pontevedra de 06/05 y 29/06 de 2011. El primero de ellos relativo a las quejas, más recientes en el tiempo, suscritas por usuarios de la Sucursal 4 de Vigo, relativas al trato dispensado por el recurrente. El segundo, consistente en un informe de la directora de dicha sucursal y del empleado don Martin , compañero en el turno de tarde del recurrente (folios 4 a 8 del expediente administrativo).
Pues bien, en el planteamiento de este primer motivo impugnatorio, el recurrente omite lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto 33/1986 , según el cual el pliego de cargos se notificará al inculpado concediéndosele un plazo de diez días para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés. Y añade , "En este trámite deberá solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesarias."
A los folios 78 a 80, figura el pliego de cargos formulado por el instructor con fecha 30/09/2011 y su notificación al expedientado el día 05/10/2011, formulando alegaciones al mismo (folios 89 y 90), sin que conste la solicitud de la práctica de las pruebas a que se refiere el presente motivo de impugnación que, sin embargo, es interesada, expresamente, en las alegaciones al trámite de vista, de fecha 30/01/2012 (folios 148 y 149).
La extemporaneidad que supone tal demora respecto de lo exigido en el precepto, es advertida por el instructor en el acuerdo de 13/02/2012 (folios 172 y 173), como una de las causa de denegación de la prueba testifical pues, al fundamento de derecho Tercero, además, se razona sobre su improcedencia por consistir en preguntas ajenas a los hechos imputados, "...que son, entre otros, los incidentes acaecidos con esas personas en unas determinadas fechas." (Folio 172).
Respecto del visionado de las grabaciones, no obstante entender concurrente el mismo defecto de extemporaneidad, el instructor advierte que se practicó con el resultado que obra al folio 162, en el que figura un informe elaborado por la Jefatura de Zona numero 1 de Auditoria e Inspección, de fecha 15/12/2011, en el que se plasma el resultado de la investigación de los hechos y circunstancias denunciados por el propio recurrente, con fecha 05/12/2011, al objeto de determinar su veracidad y la exigencia de eventuales responsabilidades disciplinarias a la Directora de la Sucursal numero 4 de Vigo.
En él se hace constar que, visualizadas las grabaciones del sistema CCTV de aquella Oficina, correspondientes a los días 1 y 2 de diciembre, no se observa agresión física de la directora hacia el recurrente, en la franja horaria denunciada, como tampoco que sufriera caída alguna en la sucursal, por lo que concluye sobre la falsedad de su acusación.
En definitiva, no existe base alguna para que el presente motivo impugnatorio pueda prosperar. En efecto, ni se vulnera el derecho de defensa -de hecho ninguna prueba ha solicitado dentro del proceso, más que la reproducción del expediente administrativo-, ni se produce vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Hemos de recordar que el derecho del recurrente lo es a la práctica de las pruebas que fueran de su interés y además resultaran pertinentes, siempre que se ejercitare en tiempo oportuno, sin que la interesada reúna ambos requisitos, por lo que no existe tampoco en este caso infracción procedimental que pueda determinar la nulidad del acto impugnado por no apreciarse indefensión, habida cuenta el cumplimiento del deber de motivación del instructor, como resulta del folio 172.
Lo expuesto es congruente con la doctrina constitucional sobre el derecho a la práctica de prueba, plasmada, entre otras muchas, en la sentencia del Tribunal Constitucional 22/1990 de 15 de febrero ( RTC 1990, 22 ) , según la cual:
 "... el derecho al empleo de los medios de prueba pertinentes no configura un derecho absoluto e incondicionado a que se practiquen todas las pruebas propuestas por las partes...".
De igual modo, la sentencia del Tribunal Constitucional 23/2007, de 12 de febrero ( RTC 2007, 23 ) , se manifiesta como sigue:
 "Desde la STC 18/1981 , de 8 de junioEDJ1981/18, el Tribunal Constitucional ha venido declarando la aplicabilidad en los procedimientos administrativos sancionadores de las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24, en sus dos apartados, no mediante una aplicación literal, sino "en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto, y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9 de la Constitución " (FJ 2).
 Así pues, la operación de traslación de las garantías del art. 24 al procedimiento administrativo sancionador viene condicionada a que resulten compatibles con la naturaleza de dicho procedimiento".
Asimismo se argumenta en la sentencia:
 "Recientemente, este Tribunal ha recordado en la STC 359/2006, de 18 de diciembre ( RTC 2006, 359 ) , FJ 2 EDJ2006/337243, su consolidada doctrina sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, derecho inseparable del derecho mismo de defensa ( SSTC 169/1996, de 15 de enero, FJ 3 EDJ1996/6497 ; 73/2000, de 26 de marzo , FJ 2 EDJ2000/3183)".
Por tanto, este derecho fundamental, que no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, sí que atribuye el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes, entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y el thema decidendi. Y toda vez que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos.
Asimismo, es necesario que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa", lo que exige haber alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, de una parte, razonando ante el órgano jurisdiccional la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas y, de otra, argumentando de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba, propuesta y no practicada, objeto de controversia.

TERCERO
 .- Como motivos de impugnación relativos al fondo litigioso alude a la vulneración del principio de tipicidad, en concreto, respecto de la infracción del artículo 7, letra o) del Real Decreto 33/1986 ( RCL 1986, 148 ) , consistente en la grave falta de consideración con los administrados.
Argumenta que de las conductas tenidas en cuenta para su integración, ninguna de ellas merece ser calificada de "grave desconsideración ", pues, cuanto más, se trataría de incorrecciones que, aisladamente consideradas, deberían ser calificadas de faltas leves subsumibles en el artículo 8, letra c), a corregir con sanción de apercibimiento.
La tipicidad requiere la precisa definición de la conducta que la ley considera constitutiva de la infracción, y la igualmente precisa definición de la sanción que pueda imponerse, siendo, en definitiva, medio de garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica ( artículo 9.3 de la Constitución ), y de hacer realidad junto a la exigencia de una lex previa, la de una lex certa.
Consecuentemente, tanto las conductas ilícitas como las sanciones correspondientes han de quedar predeterminadas mediante preceptos jurídicos que permitan predecir con suficiente certeza, las conductas que constituyan infracción y las sanciones aplicables. Por otra parte, la calificación de la infracción administrativa no es una facultad discrecional de la Administración, sino propiamente un actividad jurídica de aplicación de las normas que exige como presunto objetivo el encuadramiento o subsunción de la falta en el tipo predeterminado legalmente, rechazándose criterios de interpretación extensiva o analógica
Por tanto, la cuestión planteada se reduce a determinar si la descripción de los hechos constitutivos de la infracción se incardinan con suficiente precisión en la normativa que se dice infringida, a fin de asegurar la función de garantía del tipo, teniendo en cuenta que el requisito de la tipicidad desplaza en el ámbito sancionador conductas no subsumibles en la previsión de la norma, a pesar de su aparente antijuridicidad en relación con los propios límites del tipo.
Sentado lo anterior, es de hacer notar la ausencia de fundamentación del motivo, si tenemos en cuenta que el recurrente realiza una manifestación genérica, que no entra en el pormenor de cada de las conductas particulares, ni contradice los fundamentos de la resolución sancionadora, ni discute su apreciación como falta continuada. De este modo, pretende que una opinión subjetiva e interesada, sustituya la convicción que para el instructor y el órgano sancionador resulta del conjunto de las diligencias y pruebas practicadas.
No obstante, al exigir el tipo que la falta de consideración sea "grave", no basta con una actitud insolente o descarada que, en principio integraría la falta leve del art. 8.c) del Real Decreto 33/1986 , como se pretende de forma subsidiaria, por tratarse de una incorrección, intemperancia o grosería, sino que es preciso que la desconsideración alcance el grado necesario para merecer el carácter de "grave", lo que ha de resultar del contexto en que se profirieron, de que se evidencie una clara intención de menosprecio y desconocimiento del respeto debido al administrado o usuario del servicio y de la incidencia para su normal y adecuado desenvolvimiento.
La resolución sancionadora declara como hechos probados los siguientes,
 1. - El día 26/04/2011, el recurrente atiende a la Sra. Fidela , cliente habitual de la Sucursal desde hace mas de 15 años. Con ocasión de enviar un certificado con destino a Alemania, le hizo entrega de 1,05 euros para el pago de un sobre que costaba 0,85 euros.
Finalizada la preparación del sobre por la usuaria, el recurrente "de malas formas", le pide, primero, 2,70 euros por el envió para, después, reclamarle 3,55 euros. Tras indicarle que previamente le había hecho entrega de 1,05 euros, el recurrente la profirió insultos (que no especifica) y gritos. Más tarde, personada de nuevo para solicitarle una hoja de reclamaciones, el recurrente procedió a echarla de la Oficina. La Sra. Fidela por estos hechos, presento la correspondiente queja.
 2.- Los días 02/05/2011 y 01/07/2011, la Sra. Magdalena , que trabajaba para Administración de Fincas Sobrino, presenta dos quejas.
En la primera, refiere la incompetencia y lentitud del recurrente en el desempeño de su trabajo, al haber tardado 45 minutos en expedir un burofax, no obstante hacerlo con errores y tener que repetir la operación.
Por la segunda, relata que el día 30 de junio, acudió a la Sucursal para enviar dos burofax, cuando el recurrente de malos modos y delante de los restantes usuarios que esperaban, le recriminó que estaba esperando que le pagara 8 euros del burofax que él mismo había cursado erróneamente.
 3.- El día 15/05/2011 la Sra. Ofelia presenta una queja contra el recurrente por lentitud en el desempeño de su trabajo y porque, delante de los restantes clientes y de un compañero, le manifestó que le resultaba sospechoso que le pagase con un billete de 50 euros para el cobro de una cantidad cercana a los 2 euros.
En la misma queja, alude a los comentarios de tipo personal que el recurrente dirige a las clientas jóvenes y añade que, en una ocasión, le rompió el envoltorio de un envió por el golpe que le dio con el fechador.
 4.- El día 18/05/2011 el Sr. Juan Pedro presenta queja en la que manifiesta que, habiendo requerido del recurrente que le atendiese, le contestó "en esta oficina se hace lo que yo quiera y si no se lo digo en la calle" . Que le siguió al abandonar el local de la oficina y en la calle le amenazó con darle un cabezazo. El cliente no le hizo caso y se marchó.
 5.- El día 29/07/2011, la Sra. Salvadora , "estuvo esperando durante hora y media, desde las 11.00 hasta las 12.30, para que le rellenasen un impreso, pues es mayor y no sabía cumplimentarlo; al preguntarle al Sr. Eliseo una cosa sobre el impreso, este le dijo bruscamente, delante de varios clientes, que se retirara del mostrador, que le estorbaba para trabajar y le insultó llamándola "burra", lo que provoco el llanto de la señora, siendo calmada por el Director suplente de la Oficina y una clienta." (Pagina 6 de la resolución sancionadora).
El recurrente no discute la realidad de los hechos que la resolución impugnada da por probados, sino su correcta tipificación como falta grave.
Sin embargo, la pluralidad de acciones descritas, cometidas en el lapso de unos meses, en el desarrollo de sus cometidos como funcionario público, evidencian un absoluto desprecio y una falta de respeto por el usuario del servicio público, en formas, expresiones y maneras que van mas allá de una puntual contestación incorrecta, en tono desabrido o insolente o incluso de una actitud maleducada e impertinente.
Como tampoco ha quedado probado que puedan ser fruto de una situación concreta de conflicto entre el funcionario y el usuario que hubiere podido derivar en un comportamiento impertinente o tosco, pues se trata de una reacción unilateral del recurrente, desligada de provocaciones previas y que, como resalta la Directora de la Sucursal en su informe del folio 23 del expediente, genera un clima de malestar y de permanente nerviosismo y desconfianza, " agravada, si cabe, por las numerosas quejas recibidas por los clientes todas ellas encaminadas a su persona..., minando el espíritu cordial y conciliador del que dicha oficina ha hecho gala en los últimos tiempos..." , especificando, en otro informe de fecha 02/05/2011 (folios 7 y 8), "...En lo que se refiere al trato con los clientes se está percibiendo un trasvase de la tarde para la mañana para que no les atienda el mencionado funcionario, exponiendo anécdotas de lo que está sucediendo y quejas, las ultimas 02/05/2011 de una Administradora de Fincas y un cliente del Apartado 4045 por el mismo motivo: su trato deja mucho que desear y les trata como si fueran "basura" en palabras del Avelino (titular del apartado 4045) y cliente diario de la Oficina."
En definitiva, es claro que la incidencia del proceder del recurrente ha afectado al servicio, no de un modo incidental sino oneroso, enfático y permanente en el tiempo, sin que quepa conclusión diversa a la vista de los términos en que la Directora de la Oficina finaliza el anterior informe,
 "Por todo ello traslado el malestar de esta Oficina y el deterioro del trabajo diario (repercute en los clientes y en consecuencia en los ingresos); tenemos que estar permanentemente vigilando al funcionario, atender toda la clientela por la mañana, andar cargados de llaves incluida la cartería (los compañeros tampoco quieren dejar abierto como se hizo siempre), solucionar incidencias todas derivadas de lo mismo (quejas de la tarde anterior), pagar giros, caducidad de los envíos, devoluciones...en fin, el peso de toda la Oficina."
Es por ello que el motivo impugnatorio debe decaer por ser correcta la calificación de la infracción continuada como falta grave, dada la entidad del comportamiento lesivo.
Y con él, la postulada prescripción de la citada infracción que como motivo impugnatorio autónomo se hace valer, al actuar como presupuesto la recalificación como falta leve, al amparo del artículo 21 del Real Decreto 33/1986 ).

CUARTO
 .- Asimismo reputa vulnerado el principio non bis in ídem y ello porque la resolución sancionadora habría tenido por acreditada la grave desconsideración con un compañero de trabajo a través de la sentencia numero 377/2011, de 25/11/2011, dictada por el juzgado de instrucción numero 3 de vigo, en juicio de faltas numero 384/2011, que le condena como autor de una falta de maltrato de obra, en la persona de don Martin , compañero en el turno de tarde (folios 139 y 140 del expediente administrativo). De donde deduce que los mismos hechos se han tenido en cuenta, para ser sancionados doblemente y ello no obstante, haber acaecido fuera del lugar de trabajo.
Si bien la sentencia del orden penal tiene por probado que el hecho punible tuvo lugar el día 22/07/2011, fuera de la jornada de trabajo y como consecuencia de problemas laborales, no lo es menos que la declaración del Sr. Martin (folio 49) ratificando su denuncia en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, Vigo-Traviesas, permite tener por acreditado que, ya en horario de trabajo y con ocasión de la prestación del servicio, el recurrente le profirió amenazas, de donde resulta que los hechos se iniciaron en el centro de trabajo, continuaron durante la prestación del servicio en el turno de tarde y se prolongaron, una vez finalizada la jornada de trabajo, fuera de las dependencias de la Sucursal 4.
Siendo así, no existe inconveniente para utilizar la sentencia del orden penal como medio para acreditar la falta de consideración con el compañero, pues la circunstancia de que los hechos se prolongaran y finalizaran fuera del lugar de trabajo, significa que se consumaron, también, en el lugar de trabajo, siendo esta circunstancia la que integra la falta grave de desconsideración con los compañeros del artículo 7.1, letra e) del Real Decreto 33/1986 ( RCL 1986, 148 ) .
Y esto mismo, evidencia la ausencia de fundamento de la invocación de la infracción del principio non bis in ídem, argumento contestado ya en la resolución sancionadora, con invocación de la doctrina constitucional sobre el particular (por todas, la temprana sentencia del Tribunal Constitucional numero 234/1991, de 10 de diciembre ), que compatibiliza la imposición de una sanción en el ejercicio de la potestad sancionadora y de una pena, como manifestación del ius puniendi del Estado, respecto de unos mismos hechos y sujeto activo, cuando con ello, se traten de precaver y restablecer bienes jurídicos de índole y naturaleza jurídica diversa, como sucede en el caso de autos en que, la primera tiene por finalidad preservar una actuación administrativa, en servicio de los intereses públicos, eficaz y eficiente y en la segunda, el bien jurídico es la libertad de las personas.
Es elocuente el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) de régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común , cuando especifica que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento .
En consecuencia, el presente motivo ha de correr la misma suerte desestimatoria que los anteriores.

QUINTO
 . - El último motivo de impugnación reputa vulnerado el principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones.
Tras advertir que el aludido principio proclama la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, reprocha de la Dirección del centro de trabajo, un proceder malintencionado consistente acumular varios incidentes que traslada a la Dirección de Zona en un único escrito, con la finalidad de evitar que hechos aislados que pudieran ser constitutivos de falta leve, sean objeto de un único expediente con el objetivo de poder construir una tipificación más grave que asocie como sanción el traslado con cambio de residencia.
El apartado primero del artículo 74 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , norma reguladora del delito continuado en el derecho español, cuya precisa definición es trasladable al ámbito del derecho administrativo sancionador, establece, "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado, como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior." Es claro, así, que la infracción continuada exige una pluralidad de acciones ilícitas de naturaleza semejante, guiadas por una unidad de designio o circunstancia.
Es indiscutible que los hechos que integran cada una de las quejas formuladas por los usuarios del servicio y que la resolución sancionadora tiene por hechos probados, responden a esa unidad conceptual, por concurrir: pluralidad; proximidad en el tiempo (suceden entre los meses de abril a julio de 2011; acaecen en el contexto común del desempeño de las funciones del puesto de trabajo del funcionario expedientado.
La finalidad de esta figura es evitar que, tratándose de un designio unitario y de contexto, el infractor pueda verse favorecido por la escasa entidad de la sanción correspondiente a cada una de las acciones ilícitas singularmente consideradas. En definitiva, apreciada la concurrencia de los requisitos legales de la definición del ilícito continuado, la entidad demanda actuó correctamente en la tipificación como tal de la infracción grave de "grave falta de consideración con los administrados."
Por lo demás, la misma correspondencia cabe aprecia en el proceso de individualización de la sanción de traslado con cambio de residencia impuesta, ya que se ajusta a la entidad del comportamiento lesivo.
Así lo razona la resolución sancionadora cuando, en ponderación del proceder del recurrente, aprecia el desconocimiento de los principios de conducta que debe observar todo funcionario público de conformidad con el artículo 52 del EBEP ( RCL 2007, 768 ) y, en particular, la obligación de actuar conforme a criterios de integridad y ejemplaridad. O, en su caso, el mandato mas especifico del articulo 54.1 relativo a que los empleados públicos " trataran con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos."
Añade, en orden a corregir las faltas y en armonía con el principio que se invoca como infringido, que el artículo 96.3 del EBEP permite tener en cuenta los antecedentes disciplinarios del expedientado, justificando la procedencia y proporcionalidad de la sanción de traslado con cambio de residencia porque la grave desconsideración con los administrados "... afecta de modo directo a los clientes y hace inviable su relación con el empleado..." , todo lo cual es más que evidente al resultar profusamente acreditado con los informes de la directora de la Oficina, a los que hemos hecho previa mención, resultando elocuente, a los efectos que tratamos, la consciente actitud despreciativa del recurrente respecto de los administrados y del servicio público.
Por lo expuesto procede la desestimación del presente motivo impugnatorio y, con ello, del recurso contencioso-administrativo.

SEXTO
 .- De conformidad con lo establecido, con carácter general, en el artículo 139 de la vigente LRJCA , en la redacción dada por la Ley 37/2011 ( RCL 2011, 1846 ) de agilización procesal, que entró en vigor el 31 de octubre del mismo año, de aplicación al presente caso por ser la interposición de fecha posterior (22/06/2012), en primera instancia se impondrán las costas a la parte que viera íntegramente desestimadas sus pretensiones, por lo procede la condena en costas procesales del recurrente Sr. Eliseo . Si bien haciendo uso de la facultad de moderación que confiere el referido artículo se estima prudente limitarlas a la cantidad máxima de 1.500 euros en concepto de honorarios de Letrado, en atención al esfuerzo y trabajo desarrollado en contestación a los motivos de impugnación.
 VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS
que debemos desestimar ydesestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Eliseo contra la resolución de 18 de abril de 2012 del Subdirector de Gestión de Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. que le declara autor de dos infracciones continuadas de carácter grave consistentes en grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados y grave falta de consideración con los administrados, del artículo 7, letras e) y o), respectivamente, del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero ( RCL 1986, 148 ) , por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado; con imposición de costas en cuantía máxima de 1.500 euros, en concepto de honorarios de letrado.
Notifíquese a las partes y, entréguese copia al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma es firme, y que contra ella las personas y entidades a que se refiere el art. 100 de la Ley 29/1998, de 13 julio ( RCL 1998, 1741 ) , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, podrán interponer el recurso de casación en interés de Ley del artículo citado, dentro del plazo de los tres meses siguientes a su notificación. Asimismo, podrán interponer contra ella cualquier otro recurso que estimen adecuado a la defensa de sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al interponerse deberá constituirse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal (1570-0000-85-0246/12-24), el depósito al que se refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre ( RCL 2009, 2089 ) (BOE núm. 266 de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION
 
Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente DOÑA MARIA DOLORES GALINDO GIL , al estar celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Primera de este Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el día de su fecha, de lo que yo, Secretario certifico.- Doy fe.

30 de enero de 2017 | © Thomson Reuters |